Al adentrarse en la historia de abusos de los sacerdotes, los reporteros del Globe se dieron cuenta de que era parte de una tendencia nacional. Recordaban el caso Porter en 1992 y sabían vagamente de casos similares en distintas partes del país. El primer caso que se convirtió en noticia nacional fue en 1985 en Lafayette, Louisiana, donde 11 niños dijeron que habían sido abusados por su sacerdote, el padre Gilbert Gauthe. En el juicio, se supo que sus superiores habían sabido del problema de Gauthe, le consiguieron tratamiento inadecuado, continuaron trasladándolo a pesar de que tenían razones para creer que todavía era un peligro, y efectuaron pagos confidenciales a sus víctimas.

En reacción al caso Gauthe, tres hombres escribieron un informe de 93 páginas llamando a crear políticas para enfrentar casos de sacerdotes abusadores. En el informe, que era confidencial en la época, los autores – el padre Thomas P. Doyle, abogado canónico de la Embajada del Vaticano en Washington, F. Ray Mouton, abogado defensor de Gauthe, y el psiquiatra Michael R. Peterson – predijeron que el escándalo le costaría a la iglesia mil millones de dólares y dijeron que la pedofilia era “una enfermedad de toda la vida SIN EXPECTATIVAS EN ESTOS MOMENTOS de una cura”.

Los autores del informe intentaron introducirlo en la reunión de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos en 1985. Les fue difícil contar con apoyos, pero tenían el respaldo de un prelado influyente: el nuevo arzobispo de Boston. “Law definitivamente nos apoyaba,” dijo Doyle. Si embargo, Law retiró su apoyo a última hora sin explicaciones, y los obispos se negaron a tratar el informe, que fue archivado.

Mientras, el escándalo se ampliaba, con acusaciones de abuso sexual a lo largo del país. En 1987, un artículo distribuido por Knight-Ridder dijo que “la renuencia de la iglesia a enfrentar el problema es una bomba de tiempo  esperando detonar dentro del catolicismo americano.” En 1993, decenas de personas acusaron a siete sacerdotes en Worcester, Massachusetts de abusos sexuales. En 1998, un obispo de Palm Beach, Florida renunció luego de admitir haber abusado a cinco ex monaguillos. En 1999, muestras de ADN y grabaciones demostraron que un obispo de Santa Rosa, California, había tenido relaciones sexuales con uno de sus sacerdotes – un escándalo que remeció a una arquidiócesis que ya estaba pagando US$ 5,4 millones en acuerdos extrajudiciales en casos de abusos sexuales de menores. También en 1999, el Cardenal Joseph Ratzinger, entonces Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, suspendió sin explicaciones un procedimiento canónico en contra de un sacerdote mexicano acusado de abusos sexuales. En 2000, un joven sacerdote en Middleton, Massachusetts fue procesado por presuntamente haber abusado sexualmente a 29 niños.

Estos pocos casos, no obstante, fueron tratados por la Iglesia Católica como sucesos aislados. La iglesia, y en alguna medida la prensa, parecía conformarse con mostrar la creciente lista de casos como historias de sacerdotes individuales que habían pecado y fueron expuestos y llevados ante la justicia.